No hay ninguna duda sobre la “legalidad” y la “eficacia jurídica” de un registro privado como Safe Creative, ya que en propiedad intelectual es admisible cualquier prueba (pública o privada) sobre la autoría o titularidad de una obra, y la prueba de registro en Safe Creative es muy robusta, por la tecnología que usa (triple huella digital “hash” del fichero, y doble sellado de tiempo “time stamping”).

La mayor parte de los registros, incluso los ofrecidos por la administración de los estados, tienen tan sólo el valor de una presunción y admite prueba en contrario, por cualquier medio admitido en un juicio.*

Si antes de compartir y difundir su obra, el autor registra la autoría en Safe Creative, es imposible que alguien pueda aportar otro certificado con la misma robustez tecnológica y una fecha anterior.

Todos los estados firmantes del Convenio de Berna recogen en sus disposiciones legales que el hecho generador de la propiedad intelectual corresponde a su autor por el sólo hecho de su creación, y en todos ellos por tanto resulta legal y válida una prueba de autoría basada en la tecnología, como la obra realizada por Safe Creative.

A modo de ejemplo hemos visto en artículos anteriores del blog, el desarrollo normativo que confirma su validez en legislaciones como la mexicana o la argentina.

Con respecto a la legislación española, compartimos este conciso informe, de Borja Adsuara, profesor de Derecho, abogado y asesor jurídico en el ámbito de las tecnologías de la Información que corrobora la utilidad y validez legal del registro en Safe Creative.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (OMPI) del 9 de septiembre de 1886.

Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Real Decreto 281/2003, de 7 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro General de la Propiedad Intelectual.

INFORME

1.     El Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas del 9 de septiembre de 1886, dice en su Artículo 5: Derechos garantizados (según la revisión del Convenio efectuada en Berlín en 1908, que figura en el Acta actual, de 1971 del Convenio de París): 2) El goce y el ejercicio de estos derechos no estarán subordinados a ninguna formalidad…

2.     La Ley de Propiedad Intelectual (Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril), en su Libro Primero (De los derechos de autor), Título I (Disposiciones generales) dice: artículo 1. Hecho generador: La propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor por el solo hecho de su creación.

3.     Y más adelante, la LPI, en el Libro III. (De la protección de los derechos reconocidos en esta Ley), Título II. (El Registro de la Propiedad Intelectual) establece: artículo 145.3: “Se presumirá, salvo prueba en contrario, que los derechos inscritos existen y pertenecen a su titular en la forma determinada en el asiento respectivo”.

4.     El Reglamento del Registro General de la Propiedad Intelectual (Real Decreto 281/2003, de 7 de marzo) dice lo mismo en su Artículo 27. Eficacia de la inscripción: 1. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que los derechos inscritos existen y pertenecen a su titular en la forma determinada en los asientos respectivos.

5.     En el Preámbulo del Reglamento (párrafo 2º) se dice: “Asimismo, un rasgo principal de esta institución registral es su voluntariedad y el carácter no constitutivo de las inscripciones para la protección que la ley otorga a los derechos de propiedad intelectual”, lo que viene a reforzar la idea de que no es necesaria la inscripción “oficial” para la protección de los derechos.

CONCLUSIONES

1.     El Registro “oficial” de la Propiedad Intelectual, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, es declarativo y voluntario, y no constitutivo de derechos, como sí lo es, por ejemplo, el Registro de Propiedad Industrial.

2.     No es necesario, por tanto, la inscripción en él de los derechos de propiedad intelectual para que queden protegidos, pudiendo aportarse, para demostrar la autoría, cualquier tipo de prueba admitida en derecho.

3.     La existencia de un Registro público no afecta a la legalidad de los registros privados, que tienen la eficacia jurídica de un documento privado, existen en todo el mundo y están reconocidos y bien valorados por la OMPI.

Borja Adsuara

*Nota: El caso de los EEUU es una excepción notable. Para que un ciudadano de los EEUU pueda emprender acciones legales en caso de infracción y solicitar daños punitivos y otros beneficios deben registrar la obra en el US Copyright Office. También se aplica a ciudadanos de otras naciones que quieran gozar de esta posibilidad en los EEUU.